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23/11/2016La contratación de detectives por instituciones públicas.
¿Es legal que el Ayuntamiento, la Administración Pública, pague a detectives privados para investigar, en lugar de valerse de los servicios públicos? Es TOTALMENTE legítimo, porque el ayuntamiento funciona como empresa, independientemente de que sea 100% pública.
Últimamente se ha publicado en muchos medios de comunicación que diferentes instituciones públicas como ayuntamientos están contratando detectives privados para controlar y detectar a posibles infractores incívicos* o incluso para controlar a los propios funcionarios en periodo de baja laboral**.
* El Ayuntamiento de Tarragona contrata a Detectives
** Un ayundamiento de Valencia descubre a un funcionario trabajando mientras se encuentra de baja.
Un Ayuntamiento puede contratar los servicios que quiera siempre que se atenga a la Ley de Contratos del Sector Público(Ley 9/2017, de 8 de noviembre) y que esa inversión se efectúe con los procedimientos administrativos establecidos, todo depende de la cuantía.
Está claro que éste es un servicio cuya solicitud es plenamente legal y amparado en la Ley de Seguridad Privada5/2014, en cuyo artículo 48 dice:
los servicios de investigación privada a cargo de detectives privados consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación por cuenta de terceros legitimados de información y pruebas sobre consuctas o hechos privados relacionados y relativos… al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y en general a la vida personal, familiar osocial, etc…
La propia Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 265.1.5 también recoge y da valor de prueba a los informes elaborados por los profesionales de la investigación privada debidamente habilitados (detectives privados.
Por lo tanto queda claro que los ayuntamientos y en general las entidades públicas están legitimados para contratar detectives privados para investigar este tipo de comportamientos incívicos y otros que puedan surgir.La rentabilidad en este caso concreto está garantizada, ya que los posibles infractores, sabiendo que pueden ser descubiertos y por lo tanto sancionados, se lo pensarán dos veces y seguramente cesarán en su actitud incívica. Con la contratación de este tipo de servicios por parte de los municipios se garantiza un descenso (en un porcentaje muy alto) en las actitudes incívicas con lo que al final salen beneficiados los ciudadanos y la sociedad en general.