ENTREGA CERTIFICADA
(“service of process” o “summon service”)
ENTREGA CERTIFICADA
La entrega certificada es un procedimiento formal mediante el cual se notifica oficialmente a una persona o entidad sobre su implicación en un proceso legal o administrativo.
Este acto garantiza que el destinatario ha recibido la documentación pertinente, como citaciones judiciales, notificaciones legales, o pruebas recopiladas, cumpliendo con los estándares legales y normativos aplicables.
En el contexto anglosajón, este servicio se conoce como:
* “Service of Process”: Hace referencia al acto formal de entregar documentos legales a una parte implicada en un litigio. Este procedimiento asegura que el destinatario tiene conocimiento de las acciones legales en su contra o de los requerimientos legales que debe cumplir.
* “Summon Service”: Específicamente utilizado para notificar citaciones judiciales (summons), indicando que la persona debe comparecer ante un tribunal o responder a una demanda.
COMPONENTES TÉCNICOS DEL PROCESO:
- Identificación del Destinatario: Es esencial verificar la identidad de la persona o entidad que debe recibir los documentos.
Esto incluye:
Comprobación de su dirección física o digital.
Confirmación de que es la parte correcta involucrada en el caso.
ENTREGA FORMAL DE DOCUMENTOS:
Los documentos se entregan de manera que quede constancia de la recepción.
Esto puede incluir:
- Entrega personal: Directamente al destinatario.
-Entrega sustitutiva: A un representante autorizado o familiar directo en ausencia del destinatario.
-Medios digitales o postales: Cuando la ley lo permite, a través de correo certificado o plataformas electrónicas autorizadas.
CERTIFICACIÓN DE LA ENTREGA:
Se genera un comprobante que puede ser utilizado como prueba en procedimientos legales.
Este comprobante incluye:
Fecha y hora de la entrega.
Identidad del receptor.
Método utilizado para la notificación.
CUMPLIMIENTO LEGAL:
El proceso debe cumplir con las leyes locales y nacionales para que sea considerado válido.
En España, esto está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Seguridad Privada 5/2014, mientras que en países anglosajones sigue las reglas procesales de cada estado o jurisdicción.
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