El Tribunal Superior de Justicia ha declarado procedente el despido de un trabajador en incapacidad temporal tras demostrar su uso fraudulento de la baja. En un fallo innovador, el tribunal también lo condenó a abonar los gastos del detective privado contratado por la empresa para probar su conducta irregular. Este caso refuerza la legitimidad de las investigaciones privadas y sienta un precedente importante en la protección de los intereses empresariales.

La sentencia SJM B 7221/2022 reconoce los honorarios de detectives privados como parte del daño emergente en un caso de infracción marcaria, destacando su papel clave en la obtención de pruebas y la protección de derechos empresariales.