La ley de seguridad privada corroborada por multitud de sentencias como las que nos ocupa, establece que los detectives privados pueden investigar a los trabajadores para verificar su cumplimiento de las obligaciones contractuales, para detectar fraudes o para prevenir la comisión de delitos.

En este artículo (aparecido en El PAIS) se acaba admitiendo el despido poniéndo énfasis en que “la falsa imputación del kilometraje a desplazamientos supone una quiebra la confianza entre las partes y un incumplimiento grave y culpable del trabajador en relación con sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo”.

En esta sentencia se destaca “la pertinencia de contratar un detective privado, la medida no solo era necesaria, sino la única posible, pues al tratarse de una jornada que requiere de desplazamientos y flexibilidad horaria, y ser un jefe, que precisamente se dedica a la supervisión de otros empleados, controlarlo con un profesional ajeno a la empresa era la única fórmula para esclarecer las sospechas”.

https://elpais.com/economia/2023/09/04/mis_derechos/1693820608_926541.html

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